Sordo circuito

Una investigación de este suplemento consignó el caso de un proyecto de inversión en el norte, cuyo desarrollo está limitado por la falta de abastecimiento de energía eléctrica. Si el país crece, ¿por qué sus distribuidoras eléctricas tienen problemas para invertir?

Por: Alberto Limache Ramírez

Lunes 11 de Octubre del 2010

En los pasillos de las empresas y las entidades estatales vinculadas al sistema de distribución de electricidad, se comenta algo que incomoda: hay empresas que están tocando sus puertas para reclamar desatenciones ante la demanda de energía eléctrica de los proyectos que están desarrollando en el interior del país.

Primero fue el supuesto caso del proyecto de la sede de playa de una conocida franquicia internacional de hoteles que se desarrolla en Tumbes (el hotel Royal Decameron en Punta Sal), sobre el cual informó semanas antes este Diario. Desde entonces, Día_1 ha recibido versiones de otras fuentes del sector energético, que dan cuenta de que similares situaciones se han presentado con al menos un proyecto agroindustrial en Tumbes y en Trujillo.

Los voceros, que prefirieron mantenerse en reserva, indicaron que hay otros dos proyectos mineros de mediano tamaño en el Callejón de Huaylas que enfrentan el mismo problema. Asimismo, en Tarma y Chanchamayo habría otros proyectos mineros que no terminan de cerrar acuerdos de abastecimiento.

En todos estos casos, las distribuidoras eléctricas y los inversionistas están en plena negociación, razón por la que, ante la consulta de Día_1, sus representantes prefirieron mantener su identidad en reserva.

SISTEMA
¿Qué está pasando en estos casos? ¿Puede lanzarse un empresario a desarrollar un proyecto en el interior y tener la seguridad de que contará con un servicio básico como la energía eléctrica? “Existe un problema en el crecimiento de las redes de distribución estatales”, confiesa Alfredo Dammert, presidente del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin). Tal problema, refiere Dammert, revela una falta de capacidad para atender los nuevos proyectos que requieran suministro eléctrico.

“Tenemos que aceptar que (las distribuidoras estatales regionales) tienen capacidad limitada para invertir, ante una tasa anual de crecimiento de 8% en las ventas de energía”, agrega el máximo funcionario del organismo regulador.

Actualmente existen 13 empresas regionales de distribución ubicadas a lo largo del país. Las políticas de crecimiento del sistema de distribución de energía consideraron a inicios de los noventa que para Lima se debía convocar al capital privado, por lo que se realizaron los procesos de concesión que originaron a las empresas Edelnor, Luz del Sur y Edecañete.

Las otras diez compañías quedaron en manos del Estado (ver recuadro). Su gestión se evalúa en función a sus resultados económicos y financieros, aunque en sus decisiones también pesa el aspecto social, según lo determinen las políticas gubernamentales de turno.

Este último aspecto, comentan en Osinergmin, es frecuentemente el principal en las distribuidoras estatales, dados los objetivos de electrificación nacional del actual gobierno: 94% del territorio nacional hacia el 2011, según indicara a finales de setiembre el ministro de Energía y Minas, Pedro Sánchez. De acuerdo con el ente regulador, al cierre del 2009 esa cobertura estaba en 80%.

FORTALEZA
Cabría preguntarse, entonces, cuán sólidas financieramente son las distribuidoras regionales para enfrentar tamaño reto. “Puedo asegurar que no hay nada malo en la salud financiera de estas empresas. Ellas generan utilidades que se reinvierten en el sistema (...), la información que certifica ello está disponible para todos”, afirma Mario González, gerente de operaciones del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe).

Este ente congrega la administración de todas las empresas estatales que están constituidas como empresas públicas de derecho privado, incluyendo a las distribuidoras regionales.

González detalla que las utilidades netas de las 10 distribuidoras bajo su gestión mantienen un alza sostenida. En el 2007 cerraron con ganancias de S/.107,8 millones, y en el 2009 ya están en S/.155,9 millones.

“Debemos aclarar que todo crecimiento de la red de distribución se hace de manera planificada. Priorizamos las solicitudes de varios proyectos pendientes en las empresas, y las que se hacen, requieren mucha inversión”, comenta González.

Efectivamente, el plan de inversiones de las 10 distribuidoras totaliza S/.568,1 millones para este año.
Además, entre el 2005 y el 2009, estas empresas incrementaron en 131% los montos destinados para su presupuesto de inversiones, afirma González.

Para Enrique García Guerra, gerente regional de Electronoroeste (Enosa), empresa que distribuye energía en Tumbes y Piura, habría que considerar otro aspecto. “Nosotros no podemos invertir y suministrar energía en proyectos que no sean concretos. Ya nos ha pasado que hemos hecho el tendido de energía hasta ciertas ubicaciones y no se ha hecho nada”, comenta.

El funcionario responde, en ese sentido, frente a la situación acontecida en Tumbes: el proyecto hotelero Royal Decameron en Punta Sal cuenta con la factibilidad de suministro aprobada hace dos años. Según él, hasta ahora no se ha hecho ninguna construcción allí.

PROBLEMAS
Sin embargo, ambos funcionarios sí aceptan que existe un tema que preocupa a tirios y troyanos: la escasa capacidad de reacción inmediata de las distribuidoras estatales, ante el surgimiento de nuevos proyectos de inversión a desarrollarse en sus zonas de concesión.

“Efectivamente, nosotros no podríamos realizar una inversión de montos importantes de un día para otro. Los equipos que se requieren para nuevas inversiones son caros y no podemos reaccionar tan rápido, como sí lo harían las distribuidoras privadas”, reconoce González.

La razón radica en que todas las inversiones de las empresas públicas de derecho privado pasan por un complejo esquema de aprobación, el denominado Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), que incluye las opiniones del Ministerio de Economía y Finanzas y de la Contraloría General de la República.

“Existe toda una secuencia de autorizaciones que van desde el SNIP, cumplir con los mandatos de la Ley de Contrataciones del Estado, la aprobación del directorio de Fonafe, etc.”, sostiene González.

Y si se trata de un crédito para atender una inversión de último minuto, el asunto se complica aun más, dado que toda operación de endeudamiento de las empresas del Estado se ciñe a lo indicado por la Ley de Endeudamiento Público. Una operación de financiamiento de las empresas estatales incrementa la deuda pública, que ha sido gestionada de manera bastante estricta por el Gobierno.

Asimismo, existe otro factor a considerar: la orientación social sobre la que trabajan las distribuidoras eléctricas. “Preferimos invertir en una zona donde haya mayor necesidad. Es nuestra responsabilidad”, comenta García Guerra, de Enosa.

NORTE
Ahora bien, los funcionarios consultados por Día_1 ponen paños fríos y señalan que los proyectos desatendidos, citados en este informe, son casos aislados.

Sobre la ocurrido en Tumbes, García Guerra comenta que ambas partes ya están ad portas de encontrar una solución para concretar el abastecimiento de energía.

“En el caso de proyecto de hotel Royal Decameron, la noticia que tenemos es que la empresa quiere iniciar las obras civiles el próximo 15 de noviembre, para lo cual ya cuenta con una factibilidad hasta de 300 kilowatts que puede utilizar para la construcción del mismo. Reiniciaremos las conversaciones para conocer más al detalle sobre este proyecto y acordar la atención de la carga futura requerida para el funcionamiento del hotel”, asevera.

Sin embargo, el gerente regional de Enosa advierte que el caso de futuro hotel en Punta Sal, que estará a 15 km de la subestación más cercana de la que podría tomar energía (en Máncora), puede solucionarse si es que el inversionista decide invertir en una red de energía para conectarse al sistema de la distribuidora.

“Ellos (son los que) tienen que llegar a nuestra red, donde garantizamos la calidad del servicio”, comenta García Guerra.

Para este funcionario, la construcción de una infraestructura propia de energía es una alternativa válida, porque su valor puede ser reintegrado posteriormente al inversionista, según lo indica la Ley de Concesiones Eléctricas.

Ademas, señala que los inversionistas deben asegurar que sus proyectos se harán. “Tomemos como ejemplo lo que hizo Terminales Portuarios Euroandinos (TPE) como concesionario del puerto de Paita. Ellos adelantaron su inversión y nos aseguraron que tendríamos demanda adicional de energía”, refiere.

Sin embargo, no todo es como lo indica García Guerra. Según Carlos Merino, gerente general de TPE, el incremento de la capacidad eléctrica para el puerto fue un proceso engorroso que les demandó varios meses de trámites.
El directivo de TPE explicó que requerían tal potencia eléctrica para instalar 420 nuevas tomas de refrigeración para contenedores en el puerto.

RESUMEN

Existe consenso en torno a que a las distribuidoras estatales les falta rapidez para responder ante la mayor demanda que registran. En el Fonafe señalan que este es un tema que pronto se resolverá, dado que ya se está ejecutando el Decreto Legislativo 1031, que promueve la eficiencia de la actividad empresarial del Estado.

El estado esta apunto de abrir el accionariado de las empresas estatales en el mercado de valores. Con accionistas privados se tendrá facilidad para recurrir al sistema financiero y atender estos requerimientos”, señala González. En tanto, alternativas como entregar en concesión esta infraestructura o la creación de asociaciones público-privadas, quedan en el abanico de posibilidades aún por explorar para estas empresas.

De hecho, su principal problema parece ser que son muy pequeñas. En ese sentido, en el sector eléctrico suele decirse que una distribuidora con menos de 500.000 no es viable y solo dos distribuidoras de las 11 estatales superan esa cifra. Por ello, una alternativa más avezada, pero no por ello descartable, sería fusionar algunas (como parece haber funcionado en el caso de Distriluz, que agrupa a Enosa, Ensa, Hidrandina y Electrocentro), y recién después de ello, abrir su capital a la inversión privada.

DISTRIBUIDORAS

Además de las restricciones para la ampliación de la cobertura de su red, las distribuidoras estatales de energía eléctrica también presentan ajustes pendientes en la calidad del servicio.